En medio del boom del comercio digital y la adopción masiva de pagos electrónicos, los datáfonos o Terminales Punto de Venta (TPV) se han convertido en el nuevo blanco favorito de los ciberdelincuentes en México. El país se posiciona como uno de los más atacados de América Latina, con una cifra alarmante: más de 40,600 millones de intentos de ciberataques registrados solo en el primer semestre de 2025, según datos de Fortinet. Esta oleada de amenazas digitales pone en jaque la operación diaria de miles de comercios, desde la pequeña tienda hasta grandes plataformas de e-commerce, que dependen de la seguridad y disponibilidad de estos dispositivos para su supervivencia.
La generalización del uso de datáfonos, tanto en establecimientos físicos como en ventas en línea, ha convertido su correcto funcionamiento en un pilar de la experiencia del consumidor. Una simple interrupción en la conectividad o, peor aún, una intrusión maliciosa, puede traducirse en pérdidas económicas inmediatas, erosionar la confianza del usuario y comprometer información sensible como datos de tarjetas bancarias. “Cada datáfono es un punto activo dentro del ecosistema de pagos. Cuando uno falla o se ve comprometido, no solo se detiene una venta, también se abre una posible puerta a vulnerabilidades que pueden impactar a toda la red transaccional”, advierte Rafael Escobar Gómez, Director de Desarrollo de Negocio de ALAI Secure.
De la banda magnética a la biometría: más tecnología, más riesgos
El ecosistema de pagos ha evolucionado a un ritmo frenético. Hemos pasado de la banda magnética al chip EMV, del pago con contacto al ‘tap-to-pay’, las carteras digitales y la biometría. Los datáfonos modernos son, en esencia, pequeños ordenadores con alta capacidad de procesamiento y conectividad permanente a internet, lo que inevitablemente amplía su ‘superficie de exposición’ a amenazas cibernéticas. Aunque las pasarelas de pago han reforzado sus protocolos de seguridad, la protección efectiva de estos dispositivos en el punto de venta requiere una infraestructura de conectividad robusta, estable y, crucialmente, alineada con la regulación mexicana.
En este sentido, la legislación local en materia de protección de datos personales juega un papel fundamental. Además de cumplir con estándares globales como el PCI-DSS (diseñado para proteger la información de las tarjetas), las empresas en México deben minimizar la exposición de datos sensibles y aplicar medidas de seguridad proporcionales al riesgo. “Garantizar que los datos de pago se mantengan bajo control, con el menor nivel de exposición posible y dentro del marco regulatorio local, es fundamental para proteger el ecosistema transaccional. Las soluciones con infraestructura local permiten reducir la superficie de ataque y facilitan el cumplimiento normativo”, explica Escobar Gómez.
La exigencia del comercio actual es clara: operaciones 24/7 sin interrupciones. La digitalización no admite pausas. Frente a este escenario de amenazas crecientes y dependencia crítica, la resiliencia del sistema de pagos mexicano se pone a prueba. La combinación de tecnología avanzada, cumplimiento normativo estricto y una conciencia elevada sobre ciberseguridad en todos los eslabones de la cadena —desde el proveedor del datáfono hasta el comerciante final— se antoja no como una ventaja competitiva, sino como una condición indispensable para sostener el crecimiento de la economía digital en el país.
