Hace unos días presencié una audiencia penal que resumía el experimento judicial que hoy vive México. De un lado, un juez electo bajo la falsa promesa de democratizar la justicia. Del otro, un defensor con décadas de experiencia, exjuez federal, que renunció a su cargo cuando entendió que aquella transformación no buscaba mejorar la judicatura, sino someterla. La diferencia fue enorme.
El defensor articuló su intervención con precisión quirúrgica. Estructuró su argumentación conforme a las reglas probatorias, anticipó objeciones y desmontó premisas con método. Su desempeño dejó claro el oficio que solo otorgan los años de formación y disciplina. Muchos libros, leyes y jurisprudencia sostienen esa habilidad que no cualquier abogado posee. Cientos —o miles— de audiencias, resumidas en derrotas y victorias, que a lo largo de una vida forman a quien debe impartir justicia. La excelencia en el derecho no es improvisación; es esfuerzo y perseverancia.
El juez del bienestar, en cambio, exhibió algo más preocupante que una postura discutible: mostró insuficiencia estructural. Dificultades manifiestas para articular con lógica sujeto, verbo y predicado. Vacilaciones al dictar determinaciones. Confusión que trató de superar repitiendo el mismo concepto una y otra vez. Su argumentación fue frágil. Y en materia penal, la fragilidad no es un defecto menor: es un riesgo enorme.
La reforma judicial prometió muchas cosas que sabíamos de antemano no se cumplirían. Quedó claro que la justicia no es un concurso de popularidad ni una asamblea deliberativa. Es técnica, método y racionalidad jurídica. Cuando se sustituye la carrera judicial por la elección popular, no se democratiza el conocimiento; se politiza y se premia la ignorancia.
La escena fue más elocuente que cualquier debate legislativo. Un juez electo frente a un abogado formado, con carrera judicial. No era solo un contraste generacional, sino institucional. De un lado, balbuceos sin sentido. Del otro, la lógica de la competencia profesional.
El problema no es personal. No se trata de ridiculizar a un juzgador en particular. El problema es sistémico. La función jurisdiccional exige capacidades específicas: comprensión profunda del proceso penal acusatorio, dominio de la teoría de la prueba, claridad argumentativa, equilibrio emocional y, sobre todo, independencia. Esa independencia no se construye en campaña; se construye con trayectoria.
Sustituir a jueces con oficio y experiencia por aquellos que sean leales al “movimiento”, o peor aún, a unos cuantos impresentables, no corrige el defecto: lo agrava. La justicia no mejora por decreto, así se trate de una reforma a la Constitución. Mejora por exigencia técnica y por conocimientos.
La audiencia dejó una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el defensor sabe más que quien debe decidir? Cuando el árbitro no domina las reglas, el proceso deja de ser una vía de acceso a la justicia para convertirse en incertidumbre pura.
Hoy, en la era de los “jueces del bienestar”, corremos el riesgo de tener jueces del aplauso, de la consigna, de la simpatía electoral. Pero la justicia no se mide en votos. Se mide en sentencias sólidas, en razonamientos consistentes, en decisiones que resisten el escrutinio técnico. La transformación prometió regeneración, pero lo que estamos viendo, en demasiados casos, es improvisación y, en materia penal, es una amenaza a la libertad de todos. Ojalá rectifiquen antes de que sea electa la segunda parte de funcionarios judiciales. El problema es tan grave que ya hay voces dentro del propio sistema que lo están señalando, porque los jueces no se improvisan: se forjan.
Por Carlos Román.
