En un movimiento que busca fortalecer la seguridad laboral, el gobierno mexicano está impulsando una reforma que podría cambiar por completo cómo se manejan los despidos en el país. Esta iniciativa, que actualmente se encuentra en etapa de consulta pública hasta el 10 de diciembre, tiene como objetivo principal blindar a los empleados frente a decisiones arbitrarias y represalias, especialmente en casos donde se denuncian irregularidades dentro de las empresas. Con solo dos artículos y tres disposiciones finales, esta ley promete tener un impacto profundo en el entorno laboral, alineándose con estándares internacionales de protección.
Uno de los aspectos más transformadores de esta propuesta es cómo aborda la protección de quienes reportan malas prácticas. Actualmente, si una empresa despide a un denunciante sin causa justificada, lo común es que el despido sea considerado improcedente, lo que otorga al trabajador una indemnización económica. Sin embargo, la nueva ley va más allá: establece que cualquier despido de un empleado que haya presentado una denuncia interna o externa será declarado nulo. Esto significa que la empresa no solo tendrá que compensar económicamente, sino también readmitir al trabajador y restituir su puesto. Además, se extiende esta protección a familiares y compañeros cercanos del denunciante, reconociendo que las represalias pueden afectar indirectamente a su entorno.
La reforma también modifica otras áreas clave, como los despidos colectivos (conocidos como ERE) y el periodo de prueba. En el caso de los ERE, la ley permitirá impugnarlos si hay indicios de que incluyen o afectan desproporcionadamente a trabajadores que hayan denunciado irregularidades, pudiendo anularse total o parcialmente si se detecta que son usados como mecanismo de represalia. Respecto al periodo de prueba, tradicionalmente un terreno donde las empresas podían terminar la relación laboral sin justificación, ahora se declararán nulas las extinciones que afecten a trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad, o a cualquier empleado que haya presentado una denuncia.
Esta iniciativa refleja un esfuerzo por crear un sistema laboral más estable y predecible, basado en el principio de indemnidad, que garantiza que nadie sufra perjuicios por ejercer sus derechos. Aunque aún está en proceso de consulta, su enfoque en la protección de denunciantes y la reducción de despidos arbitrarios marca un paso significativo hacia un entorno de trabajo más justo y transparente en México, alineándose con tendencias globales que priorizan la seguridad y el bienestar de los empleados.
