En un mundo donde la información vuela a la velocidad de un clic y las redes sociales son nuestro pan de cada día, la credibilidad de lo que consumimos se vuelve más crucial que nunca. Pero, ¿quién decide qué es ‘verdad’ en las noticias y hasta dónde llega esa autoridad? Esa es precisamente la pregunta que está generando un gran revuelo en Estados Unidos, con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en el ojo del huracán. Su actual presidente, Brendan Carr, se ha plantado firme ante una política de la era de los sesenta que le permite investigar a los medios por supuesta ‘distorsión de noticias’, una postura que ha encendido las alarmas en el sector.
La controversia gira en torno a una política de la FCC que data de los años sesenta, una época muy diferente en el panorama mediático. Esta regla otorga a la Comisión la potestad de investigar a las emisoras si considera que están ‘distorsionando’, ‘sesgando’ o ‘manipulando’ la información. Ante una petición bipartidista de ex presidentes y comisionados de la FCC para derogar esta norma, la respuesta de Brendan Carr fue contundente y directa: un ‘¿cómo que no?’ en una publicación en X. Carr dejó claro que, bajo su mandato, la FCC continuará ‘exigiendo responsabilidades a las emisoras por sus obligaciones de interés público’. Un ejemplo reciente y sonado de esta aplicación fue el incidente con el comediante Jimmy Kimmel, donde Carr advirtió que las afiliadas de ABC podrían ver revocadas sus licencias si seguían transmitiendo su programa, bajo el argumento de ‘distorsión de noticias’. Esto, para muchos, representa una intromisión directa en la autonomía editorial de los medios, algo que no ha caído nada bien.
La petición que busca la derogación de esta política no viene de un grupo cualquiera. Fue presentada por un colectivo de siete ex presidentes y comisionados de la FCC, tanto demócratas como republicanos, lo que le da un peso bipartidista considerable. Su argumento principal es que esta norma, pensada para otro siglo, ya no tiene cabida en el entorno mediático actual ni es compatible con la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de expresión. Señalan que su objetivo –eliminar el sesgo en las noticias– no es un interés gubernamental legítimo, que ha sido utilizada con fines partidistas, que es vaga en su definición y que, de paso, ha generado un ‘efecto inhibidor’ en la libertad de expresión de las emisoras. Además, sostienen que ya existe una regla separada y suficiente contra las ‘noticias falsas’ o ‘engaños’ peligrosos, lo que hace que esta política sea, además de problemática, redundante.
Así que, ¿dónde nos deja todo esto? El debate en la FCC no es menor; toca fibras sensibles sobre el papel del gobierno en la supervisión de la prensa y la libertad editorial. Por un lado, está la legítima preocupación por la veracidad de la información y la responsabilidad de los medios. Por otro, está el riesgo latente de que una política tan abierta a interpretaciones se convierta en una herramienta para silenciar voces críticas o imponer agendas. Es una cuerda floja donde se juega mucho: la integridad de la prensa y el derecho del público a recibir información sin censura indebida. Estaremos pendientes para ver cómo se desarrolla este importante capítulo en la historia de la comunicación, esperando que la balanza se incline siempre a favor de la libertad y la transparencia informativa.
