En una medida que ha generado gran controversia, Florida anunció que eliminará todos los requisitos de vacunación en el estado, incluyendo aquellos que protegen a niños en edad escolar contra enfermedades graves y potencialmente mortales. El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, hizo el anuncio junto al gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa el miércoles, declarando que trabajarán para eliminar “todos los mandatos de vacunas en la ley de Florida, todos ellos, todos ellos, todos ellos, hasta el último”. Esta decisión afectaría vacunas rutinarias que protegen contra enfermedades como Haemophilus influenzae tipo b (Hib), tos ferina, difteria, sarampión, tétanos, RSV y polio, las cuales han sido fundamentales para controlar brotes epidemiológicos durante décadas.
Ladapo, quien tiene un historial de posturas antivacunas y de difundir información errónea, argumentó que no existe “ninguna base ética” para requerir vacunación con el fin de proteger a los más vulnerables de enfermedades infecciosas. Sorprendentemente, afirmó que la exposición innecesaria de personas vulnerables, como recién nacidos e inmunodeprimidos, a enfermedades prevenibles por vacunación es simplemente “parte de la experiencia de la vida”. Además, calificó las vacunas de ARNm contra COVID-19, que salvaron millones de vidas durante lo más crítico de la pandemia, como “veneno”, una declaración que contradice abrumadoramente la evidencia científica internacional.
Expertos en salud pública expresan profunda preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. La eliminación de requisitos de vacunación escolar podría debilitar la inmunidad colectiva, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades que habían sido controladas efectivamente. La comunidad médica destaca que las vacunas representan uno de los avances más significativos en la historia de la medicina moderna, previniendo millones de muertes anuales a nivel global. Esta decisión de Florida contrasta marcadamente con las recomendaciones de organizaciones de salud líderes como la OMS y los CDC.
Esta polémica decisión plantea serias interrogantes sobre el equilibrio entre libertades individuales y responsabilidad colectiva en materia de salud pública. Mientras algunos celebran la medida como una victoria para la autonomía personal, especialistas advierten sobre los riesgos potenciales para la población más vulnerable y el posible resurgimiento de enfermedades que considerábamos bajo control. El debate continúa, pero lo que es indudable es que las consecuencias de esta política se estudiarán cuidadosamente en los años venideros, sirviendo como caso de estudio para otros estados y países que enfrentan dilemas similares entre ciencia, política y salud pública.
