La situación de los vapeadores en México ha generado un debate intenso, especialmente después de la promulgación del decreto que elevó su prohibición a nivel constitucional. A pesar de la clara intención de restringir su venta y distribución, la realidad es que estos dispositivos aún son adquiridos fácilmente en mercados informales y a través de plataformas digitales. Este fenómeno ha dejado al descubierto la falta de una regulación efectiva que acompañe la medida prohibitiva, creando un vacío legal que preocupa tanto a consumidores como a expertos en salud pública.
En el desarrollo de esta problemática, se evidencia un escenario donde las intenciones políticas y los beneficios de salud pública no parecen alinearse. La prisa del Congreso mexicano por aprobar la prohibición constitucional no ha sido seguida por un avance en las leyes secundarias necesarias para su aplicación efectiva. Julia Anguiano, investigadora del Instituto RIA, señala que esta falta de normatividad concreta agrava la inseguridad jurídica para los usuarios, quienes pueden ser sujetos a un trato arbitrario por parte de las autoridades sin una base legal clara que regule su uso.
Además, la fragmentación legislativa a nivel local genera situaciones dispares. Mientras que en algunas entidades como Aguascalientes o Ciudad de México se han tomado medidas para criminalizar la venta y la posesión de estos dispositivos, en otras regiones no existe tal intensidad regulatoria. Esto crea un ambiente incierto y contradictorio que podría perjudicar tanto a los consumidores como a las mismas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
A modo de reflexión, es importante considerar que la prohibición por sí sola no soluciona el problema del uso de vapeadores. En lugar de una prohibición estricta, podría ser más efectivo instaurar un marco regulatorio claro que imponga estándares de calidad y seguridad, así como restricciones específicas para su venta a menores. Esta estrategia ayudaría no solo a proteger a los consumidores, sino también a evitar que el mercado informal y posiblemente inseguro siga floreciendo. En definitiva, el desafío radica en balancear las preocupaciones de salud pública con la regulación adecuada, tal como lo han logrado otras naciones donde la reducción de daño es prioritaria.