El pasado miércoles 16 de octubre, una Corte Federal en Nueva York dictó sentencia contra Genaro García Luna. El juez Brian M. Cogan, quien también presidió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, le impuso más de 38 años de prisión, y fue contundente al señalar que García Luna había actuado igual o peor que el famoso capo. Esta sentencia exhibe la colusión entre el crimen organizado y el gobierno mexicano, y podría sentar un precedente crucial, involucrando a otros altos funcionarios en investigaciones y posibles procesos judiciales. ¿Estamos ante el anhelado inicio de una nueva era en la que la impunidad de los altos funcionarios vinculados con el crimen organizado finalmente termine?
García Luna fue acusado y declarado culpable en febrero de 2023 por cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. Este juicio no solo ha expuesto los vínculos entre el exfuncionario y los cárteles, sino también las profundas raíces de la corrupción dentro del gobierno mexicano, el cual ha mostrado complacencia frente al crimen organizado.
Este caso podría ser solo el comienzo. Si bien García Luna es el exfuncionario de más alto perfil en ser procesado hasta la fecha, muchos analistas y expertos en seguridad creen que su condena abrirá la puerta para investigar a otros actores políticos que, durante años, operaron bajo la sombra del narcotráfico. Entre los nombres que podrían verse implicados en futuras investigaciones se menciona de todo, hasta expresidentes.
La sentencia en Nueva York tendrá un impacto significativo en la relación entre México y Estados Unidos. Si en México la justicia no alcanza a muchos políticos, funcionarios y empresarios vinculados al crimen organizado, los tribunales estadounidenses vigilan de cerca la corrupción en el país, generando una presión adicional sobre el gobierno actual, que parece continuar con su política de avestruz en este tema. Estados Unidos ha dejado claro que seguirá persiguiendo a individuos que, como García Luna, operaron a ambos lados de la frontera bajo un manto de impunidad proporcionado por el gobierno mexicano.
El caso de García Luna representa un terrible descredito para el PAN. Un escándalo del que no se va a poder levantar en una pieza. De inmediato, Felipe Calderón, como Poncio Pilatos, se lavó las manos, y su partido, por voz de su presidente Marko Cortés, se deslindó de ambos personajes. Pero, recordemos que la historia no absolvió a Pilatos, quien carga por toda la eternidad con una condena bíblica por su irresponsable decisión. Así actúan estos políticos de doble moral.
Para muchos mexicanos, la corrupción y la impunidad son temas cotidianos que han deslegitimado al sistema político. La condena de García Luna podría, en el mejor de los casos, abrir una puerta hacia un México donde los poderosos finalmente no actúen como mafiosos.
Desmantelar la red de complicidades entre el narcotráfico y el poder político no será tarea de un día. Sin embargo, el hecho de que un exfuncionario de tan alto rango haya sido condenado en una corte extranjera envía un mensaje claro: la impunidad no es eterna.
Con la sentencia de García Luna, no solo se condena a un hombre, sino también a todo el sistema político mexicano, tanto del pasado como del presente. La posibilidad de que otros funcionarios de alto perfil enfrenten procesos similares alimenta la esperanza. ¿Estamos ante un cambio real en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: este proceso ha sacado a la luz las profundas conexiones entre el crimen y el poder en México, poniendo en la mira a figuras que hasta ahora parecían intocables.
Por Carlos Román.
