Cuando se viola la ley por los más altos funcionarios encargados de procurar y administrar justicia, secundados por una gavilla de mercaderes de la peor calaña, el desprecio al Estado de Derecho materializa a la corrupción como el símbolo más dramático de nuestro atraso político y social. La corrupción es terrible, pero es peor cuando viene de aquellos que tienen la misión de aplicar la ley, de traducirla en la tutela de los derechos más importantes de los mexicanos, porque se convierte en un abuso impune contra la sociedad, es decir, en contra de cada uno de nosotros. La corrupción judicial crea inestabilidad y engendra monstruos que nos someten a un estado de indefensión de tal magnitud, que la justicia se vuelve inalcanzable.
Debemos exigir respeto a la independencia del poder judicial, porque de no hacerlo, estamos permitiendo, niveles de perversión y corrupción no vistos desde los tiempos del priismo duro y puro. Es decir, la época que no había en México división de poderes. ¿Eso queremos nuevamente?
En este tiempo difícil para los mexicanos, es indispensable defender la independencia y autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus jueces. Por ello la denuncia anónima a la que se le ha dado curso en la SCJN contra las prácticas corruptas de importantes personajes encabezados por Arturo Zaldívar, anterior Presidente de la Corte, en caso de probarse, deben llevar una ejemplar sanción para los implicados. No es posible tolerar esos hechos porque se abrirán las puertas a un sistema dictatorial que transformará la justicia en el cumplimiento de los deseos del autócrata. La dictadura acaba con la justicia y con la libertad y sin ellas, se niega el derecho del hombre a ser hombre.
La denuncia anónima dada a conocer hace unos días, además de ser impostergable, revela como se intentó construir un imperio de corrupción y vileza mediante la presión ejercida por personajes oscuros para someter a muchos jueces y magistrados, obteniendo de ellos, algunos bajo amenaza, otros por los beneficios ofrecidos, no solo cumplir los deseos del Presidente en los asuntos de su interés, que era la excusa, sino extorsionar, robar y pisotear la libertad, el patrimonio y la honra de muchos afectados, que nada tienen que ver con el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles, pero si con la ambición sin límite de los que consideran este tipo de cargos públicos como un botín y con los deseos de venganza de una fiscalía podrida.
Se ha documentado con denuncias, en varios libros y artículos periodísticos, como la presión por parte de estos personajes, que incluye al ex consejero jurídico de la presidencia, abarcaron muchos asuntos de particulares que en las resoluciones de jueces como Iván Zeferin Hernández y su sucesor, Luz Maria Ortega Tlapa, Tania Rosalinda Méndez López, entre muchos otros, bajo la presión de un tal Carlos Alpízar, quien por órdenes del exministro Zaldívar, hicieron evidentes los actos de corrupción narrados no solo en la denuncia anónima, sino en denuncias firmadas por personas afectadas en estos deleznables actos.
Con argumentos insostenibles, fuera de constancias y del más mínimo respeto a la letra de la ley, las resoluciones de estos jueces que afectaron a muchos, son las pruebas claras de la falta de ética y pudor en el desempeño de sus encargos. La lista es larga, pero está documentada con los hechos y numerosos testimonios de varios involucrados en esta ignominia, la que seguro tendrá consecuencias para muchos. El daño moral causado es evidente. Se prueba solo. Afortunadamente quedan muchos jueces y magistrados que saben honrar la alta función que les ha sido encomendada y, a pesar de todo, resuelven con apego a la ley y a la verdad.
Al señor Zaldívar le preguntamos: ¿todavía insiste en seguir corrompiendo y afectando el Estado de Derecho de nuestro País? ¡Que cinismo!
Por Carlos Román.
